Sustracción internacional
En España, la sustracción internacional de menores está considerada un delito y puede ser perseguida a través de medidas legales. Si un progenitor sustrae a su hijo menor de edad y lo lleva a otro país sin el consentimiento del otro progenitor o del juez, se considera un caso de sustracción internacional de menores.
Algunas medidas legales que se pueden tomar en España para intentar recuperar al menor sustraído son:
- Denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil: se debe acudir a una comisaría o puesto de la Guardia Civil para interponer la denuncia y aportar toda la información relevante sobre la sustracción del menor, como su identidad, la del progenitor sustractor, el país al que se ha llevado al menor, etc.
- Solicitud de ayuda a las autoridades españolas: si el progenitor sustractor ha llevado al menor a otro país, se puede solicitar ayuda a las autoridades españolas para que inicien los trámites necesarios para recuperar al menor. En España, existe una autoridad central encargada de la protección de menores y de la prevención y resolución de los casos de sustracción internacional de menores.
- Solicitud de ayuda a las autoridades del país de destino: si el progenitor sustractor ha llevado al menor a otro país, se puede solicitar ayuda a las autoridades del país de destino para que localicen al menor y se inicien los trámites necesarios para su recuperación.
- Procedimiento judicial: si el progenitor sustractor ha incumplido una resolución judicial de custodia o visitas, se puede iniciar un procedimiento judicial para solicitar la restitución del menor. En estos casos, se debe contar con la asistencia de un abogado especializado en derecho de familia y de un procurador.
En resumen, la sustracción internacional de menores es un delito en España y se pueden tomar medidas legales para recuperar al menor sustraído, como la denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, la solicitud de ayuda a las autoridades españolas o del país de destino y el inicio de un procedimiento judicial.
Nuestra prioridad es velar por los derechos e intereses de los menores con dimensión internacional para que deban reconocerse y ejecutarse en cualquier país. En el caso de sustracción de menores, activamos los mecanismos judiciales adecuados.